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Las criptomonedas están al orden del día si nos sumergimos en el mundo de la inversión y la economia actual. Es tal su fama que cada escuchamos a más gente (familiares, amigos, etc.) hablar sobre estas monedas virtuales, que suponen toda una inversión financiera. De hecho, en el último año ha habido un aumento en la popularidad de estas monedas entre inversores, preferentemente minoristas y si hablamos de España, aproximadamente 7,5 millones de ciudadanos poseen criptomonedas en la actualidad (IE University, 2021).

Sin embargo, también está la otra cara de la moneda que desafía y preocupa al derecho actual. La estafa en la criptoinversión comienza a ser algo común y el número de ofertas engañosas que incitan a gastar dinero se ha disparado peligrosamente dejando miles de afectados en el país. A pesar de llevar años existiendo, la moneda digital tiene una configuración legal bastante pobre tanto en España como en el resto de los países del mundo, y ello provoca sus malos usos en el tráfico económico-financiero.

Lucha contra el fraude

La nueva ley 11/2021 del 9 de julio no se ha olvidado de los inversores que utilizan este tipo de divisas (Inversores digitales). Aunque estas vias de ingresos pueden llegar a aser un autentico dolor de cabez para Hacienda, mediante la citada ley se estable un listado de sujetos obligados.

La norma indica que las personas/establecimientos que realicen operaciones dentro de territorio español o entidades que residan en el extranjero que que generen sus servicios dentro del territorio nacional, deberan informar sobre los saldos que invierten en criptomonedas y aportar información sobre los saldos que operan.

De ahora en adelante los que decidan invertir en criptomonedas dentro del territorio español, deberán declararlo en la renta mediante la casilla 389 destinada a «otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro». Es más, en ocasiones y en ciertos supuestos se deberán incluir en el modelo 720. En caso contrario, se podrán aplicar sanciones de hasta cinco mil euros por cada dato no declarado de cada una de las criptomonedas.

Fuente: Diario vasco